VALORACIÓN DE LA PRUEBA Y EL MUNDO JURIDICO MULTIDIMENSIONAL

 

TRABAJO DE INFORMATICA JURIDICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRES LEONARDO GARCIA

SANDRA SOFIA ALMARIO CASTRO

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

FACULTAD DE DERECHO

IBAGUE - TOLIMA

2010

 

 

 

 

 

BREVE RESEÑA DE LOS SISTEMAS DE VALORACION DE LA PRUEBA

 

En la doctrina clásica, se han destacado tres sistemas de valora­ción de la prueba: el de la tarifa legal o prueba legal; el de la íntima convicción y el de la sana crítica racional o libre convicción.

 

Sistema de la tarifa legal: También llamada de la prueba tasada o de la prueba legal, o apreciación tasada, tuvo destacada importancia en el derecho germánico y consiste en que el valor de la prueba está predeterminado en la ley; es ésta la que le señala por anticipado al juez, el grado de eficacia que debe atribuirse a determinado elemento probatorio; por lo tanto, el juzgador se encuentra obligado a valorar las pruebas de acuerdo a las extremos o pautas predeterminadas por el legislador en la norma jurídica.

 

Se advierte, que este sistema impide al juez hacer -uso de sus facultades de razonamiento, automatizando su función al no permitir­le formarse un criterio propio.

Es aquel sistema de valoración de la prueba en donde el juzgador en el momento de apreciar los elementos de prueba, queda sometido a una serie de reglas abstractas preestablecidas por el legislador.

“Según Iglesias (1995:44) en este sistema es el legislador el que, partiendo de supuestos determinados, fija de modo abstracto la manera de apreciar determinados elementos de decisión, separando ésta operación lógica de aquellas que el juez debía realizar libremente por su cuenta.”

Se logra uniformidad en las decisiones judiciales en lo que respecta a la prueba. El valor de cada medio de prueba se encuentra establecido por la ley, en forma permanente, invariable e inalterable. Suple la falta de experiencia e ignorancia de los jueces. Impide el rechazo injustificado o arbitrario de medios de prueba aportados al proceso penal.

 

Ventajas de la Tarifa Legal

1. Mayor Confianza en la Justicia

2. Darle al pueblo el convencimiento de que las sentencias se someten a la ley

3. Formalidad dirigidas a garantizar la salvación de la inocencia

4. Evita la sobre estimación peligrosa o rechazo injustificado de los medios de prueba aportados en el proceso.

5. Con este sistema se procura más que una solución de justicia una solución de paz.

6. Incita a las partes a proveerle en los límites de lo posible de pruebas eficaces y al facilitar el desenvolvimiento del proceso

Desventajas  de la Tarifa Legal

1. Mecaniza o automatiza la función del juez en tan importante aspecto del proceso, quitándole personalidad impidiéndole formarse un criterio personal y obligándolo aceptar soluciones en contra de cu convencimiento lógico

2. Conduce a la declaración como verdad de una simple apariencia formal (declara la verdad formal y no la real)

3. Diversa entre Justicia y Sentencia

 

Intima convicción: Constituye; la antítesis del sistema anterior, en cuanto éste implica la apreciación según el parecer del interprete y el otorgamiento de facultades discrecionales al juzgador, quien aprecia la prueba libremente, sin estar atado a criterios legalmente preestablecidos.

 

Es propio de los jurados populares; el juez para obtener su íntima convicción, se vale de los sentimientos, de las intuiciones, de las impresiones, o de otros estados emocionales, de sus conocimientos personales; además de los razonamientos lógicos y de la experiencia. Varias son las críticas que se le han efectuado a este sistema, entre la de afectar la forma republicana de gobierno, al permitir dictar un pronunciamiento sin expresar su motivación, cercenando de esta manera las facultades de contralor de las resoluciones jurisdicciona­les. Se mantiene en los países donde se practica el juicio por jurados populares, como p.ej. E.E.U.U.

 

Enseña Clariá Olmedo que con este sistema "se da predominio al sentimiento sobre la razón, mejor aún, la intuición sobre la ciencia y la técnica" y agrega, "no se excluye la posibilidad de una crítica racional. Pero ésta, en realidad, queda sofocada en el fuero íntimo del juzgador ya que, le impide que se exprese fuera del recinto de las deliberaciones: prohibición de fundamentar el veredicto".

 

Sana Crítica racional: Esta fórmula, envuelve un sistema lógico de valoración de prueba, ocupando un lugar intermedio entre los extremos analizados precedentemente. Receptado en la legls­lación española del siglo pasado, y especialmente en la Ley de Enjui­ciamiento Civil de 1855, la que en su art. 317 expresamente lo consa­graba.

 

En él, el juez valora la prueba sin sujeción a criterios legalmente establecidos, pero, a diferencia del anterior, sin la interferencia de factores emocionales, debiendo fundamentar su decisión.

 

Como señala Couture, las reglas de la sana crítica son "las del correcto entendimiento humano. La sana crítica es la unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y razonamiento".

 

Es decir, que deben entenderse estas reglas, como aquéllas que nos conducen al descubrimiento de la verdad por los medios que aconseja la recta razón y la lógica, vale decir, el criterio racional puesto en ejercicio, ya que en la estructura esencial del fallo, deben respetarse los principios fundamentales del ordenamiento lógico, las leyes de la coherencia y la derivación; las reglas empíricas de la experiencia, el sentido común y la psicología, todos ellos conside­rados como instrumentos del intelecto humano que permiten la aproximación a la certeza.

 

En cuanto a la lógica, y refiriéndonos a la lógica formal, juega un papel trascendental, a través de los principios que le son propios y que actúan como controles racionales en la decisión judicial conforme a la concepción clásica son: 1. Principio de Identidad: Cuando en un juicio el concepto-sujeto es idéntico total o parcialmente al concep­to-predicado, el juicio es necesariamente verdadero. 2. Principio de ­contradicción: Dos juicios opuestos entre sí contradictoriamente, no pueden ambos ser verdaderos. 3. Principio de tercero excluido: Dos juicios opuestos entre sí contradictoriamente, no pueden ambos ser falsos (uno de ellos es verdadero y ningún otro es posible). 4. Principio de razón suficiente: Todo juicio para ser realmente verdadero, necesita tener una razón suficiente que justifique lo que en el juicio se afirma o niega con pretensión de verdad.

 

Respecto a la psicología, entendida como la ciencia del alma, el elemento interior que preside nuestra vida, desde los actos más simples a los más sublimes, manifestada en hechos de conocimiento, sentimiento y voluntad, juega un papel muy importante y de la cual el Juez no puede apartarse en la valoración de la prueba. De la misma manera ocurre con la experiencia, es decir, con las enseñanzas que se adquieren con el uso, la práctica o sólo con el vivir, y que se -encuentran en cualquier persona de nivel cultural medio, integrando el sentido común.

 

Las reglas de la sana crítica no se encuentran definidas en la ley, suponen la existencia de ciertos principios generales que deben guiar en cada caso la apreciación de la prueba y que excluyen, por ende, la discrecionalidad absoluta del juzgador. Analizados los principios de la lógica queda un amplio margen de principios provenientes de las "máximas de experiencia", es decir de los principios extraídos de la observación del corriente comportamiento y científicamente verificables, actuando ambos, respectivamente, como fundamento de posibilidad y de realidad. Es decir, que la aplicación práctica del modelo multidimensional propuesto como interpretación de un caso concreto avizora posibilidades hasta ahora no utilizadas

 

De lo analizado hasta aquí, se advierte que este sistema concilia los defectos señalados en los métodos mencionados anteriormente, por cuanto, si bien desliga al magistrado de reglas legales preestablecidas, no autoriza a obtener convicciones irracionales, y da al juez una facultad de valorar de manera amplia y discrecional, pero no arbitraria ni absoluta.

 

Por otra parte, constituye una verdadera garantía de justicia, permitiendo efectuar el contralor de la decisión jurisdiccional mediante el juicio lógico contenido en la motivación de la sentencia

 

 

 

 

PRECISAR PRINCIPIO DE LA NECESIDAD DE LA PRUEBA, COMUNIDAD DE LA PRUEBA, LA CONTRADICCION DE LA PRUEBA Y LA INMEDIACION

 

 

PRINCIPIO DE LA NECESIDAD DE LA PRUEBA: La prueba (demostración de los hechos), debe existir en todo proceso, como regla general, y en los procesos administrativos cuyas resoluciones afectan a particulares, y ella debe ser la base de las sentencias y el fundamento de las providencias judiciales, el sustento fáctico de los pronunciamientos procesales que conectan las consecuencias jurídicas a la vida social reflejada en los casos subjudice; esta postulación recibe el nombre de principio de la necesidad de la prueba, solo con restringidas excepciones que eximen la prueba, y se armoniza con el principio de “la verdad procesal     

La prueba es necesaria si existen hechos controvertidos, salvo los hechos que no es necesario probar (presumidos, etcétera).

En todo caso, lo que trata de resaltar este principio es que, como una de las principales garantías del debido proceso, las pruebas deben surgir del expediente («lo que no está en el expediente no está en el mundo»), y no puede provenir de otras piezas, salvo que se incorporen al proceso (prueba trasladada que estudiamos más adelante). Asimismo, no pueden provenir, entre otras fuentes, del conocimiento privado del juez.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 174 del Código de Procedimiento Civil, acerca de la necesidad de la prueba en los procesos civiles, “toda decisión debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso”.

 En este campo, por regla general cada parte tiene la carga de probar sus afirmaciones, con las excepciones establecidas en la ley. Así se aplica desde el Derecho Romano, conforme a los aforismos “onus probandi incumbit actori, o sea que al demandante le incumbe el deber de probar los hechos en que funda su acción, y reus in excipiendo fit actor”, es decir que el demandado cuando excepciona o se defiende se convierte en demandante para el efecto de tener que probar los hechos en que funda su defensa.  

 En el ordenamiento colombiano esta regla está consagrada en el campo del Derecho Privado en los Arts. 1757 del Código Civil, en virtud del cual “incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta”, y 177 del Código de Procedimiento Civil, según el cual “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

PRINCIPIO DE LA COMUNIDAD DE LA PRUEBA:   Este principio, también llamado de la comunidad de la prueba, sostiene que ésta no pertenece a la parte que la solicita ni aun al propio juez, sino al proceso. Y se funda, también, en los principios de lealtad y buena fe.

Es decir, que una vez incorporada a aquél, ha sido adquirida para el mismo, la haya pedido cualquiera de las partes o dispuesto el juez de oficio.

Ahora bien, el problema a resolver es el de cuándo se considera adquirida una prueba para el proceso. No cabe duda de que una vez incorporada como tal (realizada la pericia, interrogado al testigo, o agregado el documento o recibido el informe) la parte solicitante pierde el dominio del medio que solicitara oportunamente y no se puede desistir del mismo.

En cambio, parece existir opinión mayoritaria en la doctrina y jurisprudencia en cuanto a que, si aún no se ha diligenciado la prueba, cabe el desistimiento, como lo sostenemos al estudiar la prueba testimonial (artículo 159). Sólo una parte de la muy avanzada doctrina sostiene que la adquisición se produce cuando la prueba se solicita y admite por el juzgado y ya no puede desistirse de ella.

También se ha sostenido que el juez podría hacer suya la prueba solicitada por la parte y de la cual se desiste, en cuyo caso aparecerá como prueba del oficio. Y esta facultad llegaría hasta la etapa de las diligencias para mejor proveer.

 

PRINCIPIO DE LA CONTRADICCION DE LA PRUEBA: No es otra cosa que la parte contra quien se opone una prueba, debe gozar de la oportunidad procesal para conocerla y discutirla, incluyendo en esto el ejercicio de su derecho de contraprobar, es decir, que debe llevarse a la causa con conocimiento y audiencia de todas las partes; se relaciona con el principio de la unidad y comunidad de la prueba, ya que si las partes pueden utilizar a su favor los medios suministrados por su adversario, es apenas natural que gocen de oportunidad para intervenir en su practica y con el de lealtad en la prueba, pues esta no puede existir sin la oportunidad de contradecirla.

Este principio rechaza la prueba secreta practicada a espaldas de las partes o de una de ellas y el conocimiento privado del juez sobre hechos que no constan en el proceso ni gozan de notoriedad general, e implica el deber de colaboración de las partes con el juez en la etapa probatoria. Es tan importante, que debe negársele valor de la prueba practicada con su desconocimiento, como sería la que no fue previamente decretada en su momento procesal oportuno; en el caso de que la prueba se practique antes del proceso o extrajudicialmente, lo cual ocurrir en materia de testimonios de inspecciones judiciales,  debe ratificarse luego en el decurso del proceso, con el objetivo que el presente principio quede satisfecho.

PRINCIPIO DE LA INMEDIACION DE LA PRUEBA: Para la eficacia de la prueba, el cumplimiento de sus formalidades, la lealtad e igualdad en el debate y su contradicción efectiva, es indispensable que el juez sea quien de manera inmediata la dirija, resolviendo primero sobre admisibilidad e interviniendo luego de su práctica. Este principio contribuye autenticidad, seriedad, oportunidad, pertinencia y validez de la prueba. De lo contrario el debate probatorio se convertiría en una lucha privada y la prueba dejaría de tener el carácter de acto procesal de interés público.

La inmediación permite al juez una mejor apreciación de la prueba, especialmente en materia de testimonios, inspecciones judiciales, interrogatorios a las partes y peritos, expertos, etc.; pero significa también este principio que el juez no debe permanecer inactivo, ni hacer el papel de simple órgano receptor de pruebas, sino que debe estar provisto de facultades para intervenir activamente en las pedidas por las partes y para ordenar oficiosamente otras; solo así puede decirse que el juez  es el director del debate probatorio.

 

PERTINENCIA, IDONEIDAD O CONDUCENCIA Y UTILIDAD

Puede decirse que este principio representa una limitación de la prueba, pero igualmente necesario, pues significa que el tiempo y el trabajo de los funcionarios judiciales y de las partes en esta etapa del proceso no debe perderse en la practica de los medios que por si mismos o por su contenido no sirvan en absoluto para los fines propuestos y aparezcan claramente improcedentes o inidoneos. De esta manera se contribuye a la concentración y eficacia procesal de la prueba.

Es necesario, sin embargo, no confundir la pertinencia de la prueba con su valor de convicción, ya que la pertinencia  consiste en que haya alguna relación lógica o jurídica entre el medio y el hecho por probar y puede existir a pesar de que su valor de convicción resulte nugatorio, por ejemplo, cuando no obstante referirse el testimonio a los hechos discutidos, su contenido carezca de merito porque nada le consta al declarante o no suministre razón alguno de su dicho. Tampoco puede identificarse idoneidad o conducencia del medio con el valor de la convicción de este, para el caso concreto, pues mientras la primera indica que la Ley permite probar con ese medio el hecho a que se pretende aplicar, por ejemplo, con testimonios o confesión, el segundo, si bien depende en parte de esa idoneidad o conducencia, por que si falta ésta, ningún merito probatorio puede tener  la prueba, exigir algo mas, que mira el contenido intrínseco y particular del medio en cada caso. De esta suerte es posible, que no resulte Útil, no obstante de existir idoneidad o pertinencia, ya que el juez no resulte convencido de la prueba.                  

 

CARACTERISTICAS DE LAS PRUEBAS

 

-         Conducencia

-         Pertinencia y

-         Utilidad.

 

La Conducencia, es la idoneidad legal que tiene una prueba para demostrar determinado hecho es asunto de derecho, referente al medio probatorio. Ejemplo:

Se pretende acreditar la venta de un bien inmueble valiéndose de un documento privado, podemos alegar que ese documento no es idóneo legalmente ya que la ley exige celebrarla mediante escritura pública (tuvo como elementos de comparación la ley y el medio probatorio a emplear).

 

Pertinencia, la pertinencia es el hecho que se pretende demostrar con la prueba que tenga una relación directa con el hecho investigado.  Ejemplo:  es impertinente la prueba que tiende a demostrar la buena conducta de un sujeto procesal, cuando lo que está tratando de demostrar es la cuantía de un presunto daño patrimonial.

 

Utilidad, hace referencia a que con la prueba pueda establecerse un hecho materia de controversia que aún no se encuentra demostrada con otra.

 

Una prueba puede ser conducente y pertinente pero inútil.  Una prueba inútil es cuando sobra por no ser idónea  no en sí misma, sino con relación a la utilidad que le deba prestar al proceso. 

 

Ejemplo: Dentro de un proceso de responsabilidad fiscal está determinada y probada documentalmente la cuantía del daño patrimonial para el estado, sin embargo, el presunto responsable fiscal en ejercicio de su de controversia solicita que se cite a diligencia  de testimonio a una persona que se supone conoce todos los hechos materia de controversia. La testimonios son pertinentes y conducentes para determinar los hechos pero inútiles porque el hecho ya fue probado  a través de otro medio  de prueba también idóneo.